Caracas.– El gobierno de Venezuela anunció la instalación de una comisión encargada de impulsar una consulta nacional sobre la reforma del sistema de justicia penal, en un intento por abordar fallas estructurales como el retardo procesal y cuestionamientos sobre el acceso a la justicia.
La iniciativa fue encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desde el Palacio de Miraflores, donde señaló que el objetivo es recoger propuestas de la ciudadanía para construir un modelo judicial más ágil e imparcial. Según lo planteado, el proceso buscará incorporar la participación de distintos sectores, incluyendo actores institucionales y sociales.
Durante el acto, también se destacó la necesidad de corregir irregularidades dentro del sistema penal, entre ellas retrasos en procesos judiciales y limitaciones en el acceso a tribunales, aspectos que han sido señalados tanto por autoridades como por organismos independientes en distintos momentos.
La comisión estará integrada por representantes de los principales órganos del sistema de justicia, incluyendo el Tribunal Supremo, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, con la misión de coordinar consultas y dar seguimiento a posibles reformas.
Desde una lectura analítica, el anuncio se produce en un contexto donde el sistema judicial venezolano enfrenta cuestionamientos tanto internos como internacionales, lo que coloca este tipo de iniciativas bajo escrutinio respecto a su capacidad real de traducirse en cambios estructurales. Informes recientes también han vinculado estos procesos con intentos de reconfiguración institucional en el país.
Aunque el discurso oficial plantea la reforma como una respuesta a demandas ciudadanas, el desafío principal radica en la implementación efectiva de medidas que garanticen mayor transparencia, independencia judicial y acceso equitativo a la justicia, elementos considerados clave para generar confianza en el sistema.
