SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió un nuevo reglamento que establece las normas y procedimientos para investigar y sancionar posibles faltas cometidas por proveedores del Estado dentro del sistema de compras y contrataciones públicas.
La disposición forma parte del proceso de aplicación de la Ley 47-25 y busca definir con mayor claridad los mecanismos administrativos relacionados con sanciones, inhabilitaciones y procesos disciplinarios dentro del sistema estatal de contrataciones.
Según lo establecido en el Reglamento Núm. DGCP-SNCP-02-2026, el nuevo marco normativo introduce una separación de funciones entre las áreas encargadas de investigar y las responsables de imponer sanciones, con el propósito de fortalecer la objetividad y el debido proceso en las actuaciones administrativas.
La normativa también establece criterios para determinar la gravedad de las faltas y las posibles sanciones aplicables a los proveedores, incluyendo períodos de inhabilitación que podrían ir desde uno hasta diez años, dependiendo de la naturaleza de la infracción y del impacto ocasionado.
Entre los elementos contemplados en el reglamento figuran disposiciones relacionadas con el registro de proveedores sancionados, los mecanismos de restitución de estatus y procedimientos simplificados para casos donde exista admisión voluntaria de responsabilidad y propuestas de reparación del daño.
Asimismo, el instrumento contempla medidas vinculadas a consorcios y empresas relacionadas, indicando que las sanciones podrían extenderse a entidades asociadas en casos donde se determine fraude o simulación para evadir responsabilidades administrativas.
La DGCP indicó que el reglamento entrará en vigor dentro de los próximos 30 días hábiles tras su publicación oficial y que forma parte de un conjunto de reglamentos especiales orientados a reorganizar y fortalecer distintos aspectos del sistema nacional de contrataciones públicas.
La implementación de este tipo de normativas ocurre en un contexto donde las instituciones públicas enfrentan mayores exigencias de transparencia, fiscalización y control en el manejo de recursos estatales, especialmente en procesos de compras y contratación de servicios.
