La Contraloría General de la República emitió nuevos lineamientos dirigidos a las instituciones públicas para regular los pagos a terceros vinculados a contratos y operaciones de cesión de crédito, conocidas como factoring.
La medida busca reforzar los mecanismos de control y mejorar la trazabilidad en el manejo de recursos públicos, en un contexto donde este tipo de operaciones financieras ha ganado presencia en la gestión de contratos de obras, bienes y servicios.
Según la disposición, los expedientes que no cumplan con los requisitos establecidos serán devueltos, lo que introduce un filtro más estricto en los procesos de pago cuando un proveedor transfiere su derecho de cobro a otra persona o entidad.
Uno de los puntos centrales es la obligación de verificar que el beneficiario final —quien recibe el pago tras la cesión del crédito— esté debidamente registrado en la Tesorería Nacional y en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef). Sin este registro, los pagos no podrán ser procesados.
Además, se establece que los pagos deben ser registrados inicialmente a nombre del proveedor original, aplicando las retenciones correspondientes, mientras que el monto cedido se reflejará posteriormente a favor del nuevo beneficiario. Este esquema busca mantener claridad en la ruta del dinero y evitar inconsistencias en los registros.
En el caso de instituciones que no operan dentro del Sigef, como algunos gobiernos locales, se recomienda adaptar estos lineamientos a sus sistemas internos para garantizar coherencia en la información financiera.
Mayor control en operaciones financieras del Estado
La disposición apunta a cerrar espacios de posibles irregularidades en procesos donde intervienen múltiples actores, especialmente en operaciones de factoring, utilizadas por empresas para adelantar liquidez mediante la cesión de facturas o derechos de cobro.
Con estas medidas, el órgano de control introduce mayor rigor en la validación de beneficiarios y en el registro de las transacciones, lo que podría traducirse en procesos más lentos, pero con mayores garantías de transparencia.
