La orden del presidente Luis Abinader de detener toda actividad vinculada al proyecto minero Romero, en San Juan, no solo responde a la oposición comunitaria, sino que marca un punto de inflexión en la gestión de conflictos socioambientales en República Dominicana.
La suspensión inmediata del proyecto Romero, anunciada el 4 de mayo, trasciende el plano administrativo y se instala en el terreno político y social. Más que una simple medida precautoria, la decisión evidencia un cambio de tono en la forma en que el Gobierno gestiona iniciativas extractivas en contextos de alta sensibilidad comunitaria.
El mandatario fundamentó su decisión en el rechazo social al proyecto, apoyándose en el marco de la Ley 64-00 sobre medioambiente. Sin embargo, el elemento más relevante no es jurídico, sino político: el reconocimiento explícito de la presión ciudadana como factor determinante en la viabilidad de proyectos de gran escala.
Este caso revela una tensión estructural persistente en el país: la coexistencia de un modelo económico que contempla la explotación de recursos naturales y comunidades cada vez más empoderadas, con mayor capacidad de articulación y resistencia. En ese escenario, la minería deja de ser únicamente un asunto técnico o económico para convertirse en un tema de legitimidad social.
El proyecto Romero, cuya génesis se remonta a concesiones otorgadas desde 2005 y renovadas en años posteriores, nunca alcanzó la fase de explotación bajo la actual administración. No obstante, su prolongada presencia en fase de evaluación ambiental refleja cómo ciertos proyectos pueden mantenerse latentes durante años, hasta que el contexto social redefine su destino.
La decisión presidencial también puede interpretarse como una estrategia de contención de conflictos. En provincias como San Juan, donde la actividad agrícola y la identidad territorial tienen un peso significativo, la minería suele percibirse como una amenaza directa al equilibrio ecológico y económico local.
La paralización del proyecto Romero no solo detiene una iniciativa minera, sino que redefine las reglas del juego: en República Dominicana, la viabilidad de estos proyectos ya no dependerá únicamente del Estado o de los inversionistas, sino de la capacidad de las comunidades para aceptar o rechazar su desarrollo.
